Brindamos por el nuevo año aún con el sabor amargo de los datos de un 2011 que ha roto todas las estadísticas previstas. La Comunidad Valenciana hace balance económico y el resultado es desolador: 929 nuevos procesos concursales respecto a 2010. Es la segunda autonomía, por detrás de Cataluña, y supone un incremento del 15% en insolvencia judicial. Automoción, alimentación, electrodomésticos y juguetes son los sectores más afectados, donde la situación económica trasladada en forma de concurso de acreedores ha aumentado entre un 45 y un 60 por ciento. Y nada hace pensar que la situación vaya a mejorar porque la principal causa de impago, insolvencia y concurso es el acceso a la financiación bancaria.
Las casi mil empresas concursadas se han visto ahogadas en su liquidez, en buena parte debido a la morosidad y a los plazos de pago de sus clientes y es que en España los plazos de pago se sitúan por encima de los 85 días, según han declarado el 43 por 100 de las empresas españolas participantes en la segunda edición del Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito en España. De esta manera, reconocen no cumplir con la Ley 15/2010 contra la morosidad. De hecho, el 74 por 100 de los encuestados reconoce que esta Ley ha tenido efectos casi nulos y más de la mitad de las empresas confirman que no llevan a la práctica la medida estrella de esta norma, referente al cobro de intereses de demora en los casos de incumplimiento de los plazos máximos de pago.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, en su informe “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales, destaca que España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM). Pero aún es peor el dato en al ámbito de las administraciones públicas.
La Europa de los contrastes.
Finlandia es el país con mejores prácticas de pago de las administraciones públicas (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.
Y en este panorama desolador, las compañías aseguradoras de crédito compiten con informes comerciales de información de riesgo tratando de prevenir impagos. La siniestralidad es de un 52% de las primas de 2011, frente al 32% de 2010, según datos de CESCE. La baza de las compañías: agilizar la indemnización a las empresas aseguradas, que se ha reducido, en algunos casos, a los dos meses. El seguro de crédito se convierte en el mejor aliado de la empresa asegurada frente a la falta de liquidez y contra la morosidad.
